Resumen: La instructora tomó declaración al denunciado, en calidad de investigado, a la menor víctima de los hechos, como prueba preconstituida, y a tres testigos, tras lo cual, y considerando indiciariamente justificada la comisión de "un presunto delito de coacciones graves tipificadas y penadas en el art 172 del Código Penal", dictó auto de acomodación a procedimiento abreviado. Lo primero que debe advertirse a la defensa es que el derecho fundamental a un juez imparcial no puede invocarse "de cualquier manera", sino que debe hacerse valer exclusivamente a través del trámite legalmente establecido al efecto, que es el de la recusación, sin perjuicio de lo dispuesto para la nulidad de actuaciones. La cuestión no es baladí: el derecho fundamental a un juez imparcial es correlativo al derecho fundamental al juez predeterminado por la Ley, de ahí las rigurosas exigencias, de tiempo y de forma, que se establecen en la recusación, como también las consecuencias, incluso de orden punitivo, que se disponen para el caso de planteamiento manifiestamente improcedente de una recusación. Sin embargo, la cuestión planteada por la defensa al inicio del juicio implicaba el planteamiento en forma de la recusación de la juzgadora, lo que debió dar lugar a la suspensión del juicio con el fin de que la recusación fuera debidamente tramitada y resuelta.
Resumen: La facultad revisora del Tribunal de apelación está limitada por la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral, particularmente cuando se trata de pruebas testificales, de modo que esta limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal. No son faltas de persistencia el cambio del orden en las afirmaciones, ni las sucesivas ampliaciones de estas cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado, ni la modificación del vocabulario o de la sintaxis, es decir de las formas expresivas cuando con unas u otras se dice lo mismo, ni los cambios en lo anecdótico o en lo secundario cuando solo implican falta de certeza en lo accesorio pero no en lo principal.
Resumen: El auto que es objeto de recurso es aquel que se dicta una vez que se ha localizado al investigado y ha sido posible celebrar la comparecencia previa antes de adoptar la Orden de protección. Auto en el que se acuerdan, no solo medidas penales que ya estaban acordadas en el auto anterior del art. 544 bis, sino también medidas civiles que son las únicas recurridas por el investigado. Las medidas civiles adoptadas en una orden de protección no pueden ser modificadas en ningún sentido en vía penal por cuanto no son susceptibles de ser recurridas en apelación, dada la naturaleza temporal y perentoria de su duración. Se trata de medidas civiles adoptadas en el seno de un proceso penal, pero tienen naturaleza civil, y no pueden sustraerse del régimen de recursos que se establecen para dicho tipo de medidas.
Resumen: Riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado a la vida o la integridad física y moral que no se aprecia. No corresponde al Tribunal extradicional en el sistema denominado continental, pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia, ni siquiera valorar los indicios o pruebas que sustenten la imputación o acusación.
Resumen: Auto de orden de protección por la presunta comisión de un delito de maltrato físico y amenazas de violencia de género. Petición de ampliación de la medida de alejamiento que fue acogida por el órgano judicial, a la vez que determinaba que para su control se instalase un dispositivo electrónico. Transcurrido un tiempo, la denunciante interesa que se dejen sin efecto las medidas cautelares, con retirada del dispositivo electrónico para su control. La primera de las peticiones, se desestima al no ser necesaria la petición y la voluntad de la posible perjudicada, sin embargo, sí debe de acogerse la retirada del dispositivo por qué no es posible obligar a la perjudicada a que lleve un dispositivo para que se pueda monitorizar al denunciado.
Resumen: Inaplicación del principio de "la prescripción ganada", acuñado por la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional en relación a los procedimientos de extradición, a la prescripción de delitos cometidos en España, dado el principio de irretroactividad de las normas. El principio de legalidad prohíbe sin excepciones la aplicación retroactiva de la norma penal a hechos anteriores a su vigencia. Posible interrupción del plazo de prescripción por reinicio de la instrucción, siendo otro el Tribunal llamado al enjuiciamiento y que cuando le sea elevado concluso el sumario, podrá pronunciarse sobre la prescripción, ya como artículo de previo pronunciamiento, ya en sentencia, con pleno y completo conocimiento de los actos procesales de la instrucción.
Resumen: El cauce de apelación no está destinado a suplantar la consideración inmediata por parte de la Magistrada del Juzgado de Menores de la prueba personal presenciada "en vivo", ni a entrar en un escenario novedoso de escrutinio crítico del conjunto probatorio para sustituir la síntesis judicial de culpabilidad. Nos encontramos ante una segunda instancia no plena, por cuanto el Tribunal superior controla la corrección del juicio realizado en primera instancia revisando la adecuación de las reglas que permitieron la declaración de culpabilidad y la imposición de pena/medida en el caso concreto.
Resumen: Accidente de circulación causado por un cambio de dirección a la izquierda sin señalizarlo e invadiendo el carril contrario. Calificación como imprudencia grave. Diferencia entre imprudencia grave y menos grave. Se estima el recurso interpuesto por la acusada condenada en la instancia y se califican los hechos en la alzada como imprudencia menos grave. Absolución por falta de constancia en actuaciones de la previa denuncia del perjudicado.
Resumen: Condena por la comisión de un delito de maltrato de violencia de género en el que se le impuso, entre otras, la prohibición de acercamiento y comunicación, en el periodo de suspensión el condenado quebrantó la prohibición de acercamiento, por lo que fue de nuevo condenado por delito de quebrantamiento, a pesar de lo cual se mantuvo la primera suspensión, en esta segunda de quebrantamiento, a vuelto de nuevo a delinquir, lo que conlleva inexorablemente la revocación. En relación con el tipo de delito que implica esta revocación, no admite discusión que en este supuesto estamos ante delitos de igual naturaleza, lo que permite afirmar que la expectativa que pretendía cumplirse con la suspensión ha decaído ante la persistencia y tendencia del condenado a obviar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Resumen: La discrepancia sobre la prescripción del delito leve entraña un error en la valoración de la prueba al considerar el recurrente que se han reproducido las vejaciones con posterioridad a los momentos temporales fijados en la declaración de hechos probados de la sentencia, considerando que se trata de un delito continuado que va más allá de la última fecha en la que la denunciante refiere que se produjo la última de las expresiones vejatorias, lo haría necesario una modificación incluyendo hechos que resultan perjudiciales para el denunciado, lo que está ampliamente limitado a través de un recurso de apelación al no haberse celebrado la prueba sometida a inmediación ante el Tribunal de alzada.
